CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Organizaciones defensoras de los derechos de la mujer en diversos países de América Latina aprovecharon el Día Internacional por la Despenalización del Aborto para exigir a sus gobiernos que deje de ser un crimen la interrupción voluntaria del embarazo.

En México, la Suprema Corte ya se pronunció en ese sentido hace tres semanas con lo que las marchas tuvieron un ligero sabor a victoria. En Colombia, el máximo tribunal se pronunciará en breve al respecto y las activistas querían dejar oír su voz. Y en Chile, se dio el mismo martes un importante paso: la cámara de diputados aprobó legislar sobre el tema, aunque ahora tendrá que verse el detalle de la futura ley.

La sentencia de la corte mexicana, que declaró inconstitucional considerar el aborto como un delito, afectó de forma inmediata sólo a un estado del norte del país, pero sentó precedente y los jueces en el resto del territorio que tengan que pronunciarse sobre el tema deberán seguir la misma pauta.

Por eso Viviana Avila, una nutrióloga de 26 años, lo consideraba un “gran avance, pero no nos podemos quedar solamente con eso porque faltan muchos estados” por avanzar en el mismo sentido, dijo mientras marchaba por una calle del centro de la capital mexicana.

Alrededor de 2.000 mujeres llegaron al zócalo de la Ciudad de México al ritmo de tambores y lanzando fuegos artificiales al grito de “aborto sí, aborto no, eso lo decido yo”.

Las autoridades desplegaron un fuerte dispositivo de seguridad antimotines y, aunque la mayor parte de la marcha transcurrió de forma pacífica, un grupo con la cara cubierta utilizó artefactos explosivos, martillos, palos y otros objetos lo que provocó que 37 personas fueran atendidas por los servicios de emergencias, entre ellas 27 mujeres policías, cuatro de las cuales requirieron traslado para su atención médica, indicó el gobierno de la ciudad en un comunicado.

La interrupción voluntaria del embarazo hasta la 12da semana de gestación en posible en cuatro estados de México —la capital, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz- mientras que en los otros 28 es considerada un delito, con algunas excepciones.

Según Verónica Cruz, directora de la ONG ’Las Libres, su organización ha detectado al menos 200 mujeres en diferentes estados de México que están enfrentando procesos judiciales por homicidio en razón de parentesco, infanticidio, feminicidio y omisión de cuidados tras sufrir abortos espontáneos y agregó que es urgente que esos casos se atiendan y las mujeres sean liberadas de los procesos en atención al fallo del Suprema Corte.

“Creo que es muy inconstitucional decidir sobre el cuerpo de alguien. Todos tenemos el derecho de vivir y tenemos el derecho de hacer o deshacer”, afirmó Fabiola Gutiérrez, una activista de 25 años mientras arrancaba hojas de un cuaderno para arrojarlas en una fogata que hicieron las manifestantes en pleno Zócalo para “quemar las culpas”.

En Colombia, la activista y jurista Cristina Rosero Arteaga protestaba junto a decenas de mujeres frente a la Corte Constitucional de Colombia exigiendo que el delito de aborto del Código Penal. Vestida con la emblemática pañoleta verde y un suéter y tapabocas del mismo color, levantaba un cartel que decía: “Decidir sobre mi cuerpo no me hace criminal”.

El tribunal colombiano está a punto de fallar sobre una demanda que pide declarar inconstitucional el artículo que indica que una mujer que aborte puede ser condenada a pagar entre uno y cuatro años de prisión.

En ese país solo está permitido el aborto bajo tres causales desde 2006: cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida y cuando el embarazo sea el resultado de una violación.

Para Rosero Arteaga, abogada del Centro de Derechos Reproductivos, la criminalización del aborto afecta a las mujeres más vulnerables. “Casi el 97 % de los casos que son investigados en este tema corresponden a mujeres en zonas rurales y casi el 30 % de ellas fueron víctimas de violencia sexual, intrafamiliar y lesiones personales”, indicó.

Un informe de la Mesa por la Vida difundido este año indica que entre 2006 y 2019 fueron condenadas o sancionadas por el delito de aborto 346 personas, siendo las menores de edad entre 14 y 17 años las más “perseguidas y sancionadas”, al representar el 12% de los casos.

En las redes, grupos feministas convocaron a un “pañuelazo virtual” para invitar a las mujeres a fotografiarse con pañuelos verdes para exigir la despenalización del aborto.

El avance del día para el movimiento feminista latinoamericano llegó de Chile, donde la Cámara de Diputados aprobó redactar un proyecto que busque despenalizar el aborto hasta las 14 semanas de gestación en un país sin estadísticas sobre cuántas de estas prácticas se realizan por año. La decisión es solo el primer paso porque la futura ley deberá terminar su trámite detallado en el Congreso y luego pasar al Senado.

Hasta ahora la interrupción del embarazo está permitida en casos de violación, peligro de vida de la madre e inviabilidad del feto.

En América Latina parece haber una tendencia hacia la despenalización aunque la influencia de la Iglesia Católica, que lo condena, es muy fuerte en gran parte de la región.

El proyecto para despenalizar el aborto en Chile durmió en el Congreso durante dos años y medio y recién se reactivó cuando en diciembre de 2020 se aprobó una ley similar en Argentina que se unió así a países que ya tenían aborto legal como Uruguay y Cuba.

El Salvador, Nicaragua, Honduras y República Dominicana lo prohíben sin excepciones y lo castigan con la cárcel.