CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El pueblo yaqui ha sufrido recientemente una ola de asesinatos y muertes por COVID-19, por lo que la disculpa pública que ofreció el gobierno de México el martes por siglos de abusos en su contra sonó algo hueca.

El presidente Andrés Manuel Lopez Obrador esperaba que la ceremonia marcara un punto de inflexión en las preocupaciones del que ha descrito como el grupo indígena más perseguido de México, que fue objeto de una campaña del gobierno para exterminarlos o expulsarlos a finales del siglo XIX.

“Estamos aquí para tratar de reparar, en la medida de lo posible, el daño que se ha cometido a los pueblos yaquis”, dijo López Obrador, quien señaló que la guerra en contra del pueblo indígena es “uno de los capítulos más vergonzosos de nuestra historia”.

En la década de 1960, los yaquis se hicieron conocidos en otros países debido a los poderes místicos y visionarios que les atribuyó el escritor Carlos Castaneda.

La ceremonia del martes incluyó un minuto de silencio en memoria de un dirigente yaqui fallecido el domingo por COVID-19.

López Obrador llegó con regalos: su gobierno firmó acuerdos para devolver casi 3.000 hectáreas (7.500 acres) de territorio indígena a la comunidad y hacer que se cumplan los acuerdos para que se reserve la mitad del agua del río Yaqui para uso indígena.

El gobierno también se comprometió a construir un acueducto para llevar agua potable a las comunidades yaquis en el norte del estado de Sonora.

Las medidas incluidas en el llamado Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui están dirigidas a revertir diversos agravios, como el hecho de que la mayor parte del agua del río que lleva el nombre de los yaquis es desviada para abastecer las zonas urbanas de Sonora.

“El plan de justicia no es un regalo, no es un asistencialismo”, declaró el dirigente yaqui Jesús Patricio Varela durante la ceremonia. “Busca devolvernos lo que es nuestro: territorio que nos fue quitado, el agua que nos han limitado y la dignidad que nos han querido robar”.

“El acto de justicia comienza con los hectáreas que se van a entregar el día de hoy, pero sabemos que tenemos derecho a mucho más”, agregó.

Como algunos yaquis viven en Estados Unidos, las autoridades mexicanas dijeron que habían invitado al secretario de Estado, Antony Blinken, pero ningún funcionario del gobierno federal asistió a la ceremonia en la localidad yaqui de Vícam. Sin embargo, acudieron al acto Peter Yucupicio, presidente del consejo tribal de la Pascua Yaqui en Arizona, y la senadora estatal de Arizona Sally Ann Gonzales.

La ceremonia comenzó con un minuto de silencio por el dirigente yaqui Agustín González Estrella, quien murió el domingo presumiblemente de COVID-19, que también han enfermado a otros líderes yaquis.

La zona tiene algunas de las tierras agrícolas más productivas de México, donde el agua —disponible principalmente del río Yaqui— es un recurso vital y precioso.

Alberto Vizcarra, coordinador del Movimiento Ciudadano por el Agua en Sonora, dijo que las promesas de López Obrador relacionadas con el agua eran engañosas. Las recientes sequías hacen improbable que el gobierno pueda cumplir realmente sus promesas de entregar más derechos de agua.

Es un “callejón sin salida” —dijo— prometer agua no disponible a cambio de que los yaquis renuncien a su derecho al líquido almacenado en una presa río arriba que es utilizada para abastecer a Hermosillo, la capital de Sonora.

No hubo ningún minuto de silencio por los cinco yaquis cuyos restos fueron encontrados la semana pasada en un remoto cerro. Eran parte de un grupo de 10 yaquis que fueron secuestrados el 15 de julio.

Los fiscales dijeron que otros fragmentos óseos y posesiones fueron localizados en la escarpada zona rural, dejando entrever que los cadáveres de los cinco hombres que continúan desparecidos también podrían encontrarse en la zona.

La fiscalía del estado de Sonora ha insinuado que el asesinato del dirigente yaqui Tomás Rojo Valencia en mayo, y el secuestro y presunto asesinato de los 10 yaquis en julio, fueron obra de cárteles del narcotráfico o de bandas locales aliadas.

El dirigente izquierdista Cuauhtémoc Cárdenas dijo que esos homicidios “no pueden quedar impunes” y exigió que se ponga fin al desvío de agua para su utilización en Hermosillo.

La violencia ha aumentado considerablemente en los alrededores de Vícam y la vecina Ciudad Obregón en el último año, y las autoridades lo atribuyen a disputas por el control de territorios entre grupos delictivos rivales.

Los restos óseos de los cinco yaquis fueron encontrados cerca de lo que fiscales describieron como un escondite de un grupo delictivo. Los investigadores que buscaban a los desaparecidos fueron blanco de disparos de fusiles automáticos el 19 de septiembre cerca de donde fueron encontrados los esqueletos.

Los fiscales mencionaron una situación similar en torno al homicidio en mayo del dirigente yaqui. Dijeron que un grupo delictivo mató a Rojo Valencia porque quería el dinero que su grupo indígena había recolectado durante bloqueos de una carretera.

Rojo Valencia desapareció el 27 de mayo en medio de tensiones por los bloqueos realizados por los yaquis para protestar contra gasoductos, acueductos y vías férreas que cruzan su territorio sin que los hubieran consultado y sin que les representen un gran beneficio.

Los yaquis pelearon de manera tenaz contra la brutal campaña del gobierno mexicano para eliminarlos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Sin embargo, los yaquis fueron derrotados para el año 1900 y el dictador Porfirio Díaz comenzó a expulsarlos de sus fértiles tierras agrícolas y a enviarlos a territorios menos valiosos, o para que prácticamente fueran esclavizados en haciendas a gran distancia en el estado de Yucatán.