CIUDAD DE MÉXICO (AP) — México se encuentra en una posición muy compleja: miles de migrantes siguen entrando por el sur y otros miles son devueltos desde Estados Unidos.

La salida desde Tapachula, en el límite con Guatemala, de varios grupos hartos de esperar la resolución de sus trámites y los operativos para bloquearlos han provocado críticas a la política migratoria del gobierno.

Y aunque el propio presidente Andrés Manuel López Obrador acaba de reconocer que la contención migratoria no es suficiente y que se debe invertir en desarrollo para evitar que la gente abandone sus países, organizaciones nacionales e internacionales reclaman medidas urgentes para destrabar un sistema de asilo rebasado.

¿QUÉ PASA EN LA FRONTERA SUR?

Desde hace semanas se han intensificado las protestas de miles de migrantes, en su mayoría haitianos, que llevan meses varados a la espera de la resolución de sus solicitudes de refugio.

La oficina que las gestiona, la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (COMAR), está desbordada. La pandemia ralentizó los plazos y las solicitudes se multiplicaron. En lo que va del año más de 77.000 personas pidieron refugio en México, 55.000 de ellas en Tapachula. Estas cifras superan las de todo 2019, que ya había sido un año récord. Los haitianos suman casi 19.000.

Muchas de estas personas viven en condiciones insalubres en la ciudad de Tapachula, en albergues saturados en su mayoría gestionados por la sociedad civil y donde no tienen posibilidad de trabajar.

Hartos de esperar empezaron a organizarse y en los últimos días varios grupos de unos centenares cada uno han salido de Tapachula caminando, emulando las caravanas que en años pasados intentaron llegar a Estados Unidos.

La respuesta fue contundente: las fuerzas federales no los han dejado avanzar más de 100 kilómetros y algunos de los operativos realizados en los últimos días han sido duramente denunciados, incluso por la ONU, por el uso excesivo de la fuerza.

¿QUÉ PASA EN LA FRONTERA NORTE?

En el norte crece la preocupación tras un fallo judicial estadounidense que ordenó reinstaurar un polémico programa ideado por el expresidente Donald Trump para que los migrantes esperen su proceso de asilo en México y que en la anterior administración conllevó la devolución de más de 70.000 migrantes.

El gobierno de Joe Biden ha recurrido la sentencia pero desde la resolución se han paralizado los cruces legales de solicitantes de asilo. Los albergues temen que pueda repetirse la avalancha de personas devueltas y que no haya infraestructura para atenderlas en zonas con altísima actividad de los cárteles de drogas. México no ha dicho cómo va a actuar al respecto.

Además, desde el inicio de la pandemia las autoridades estadounidenses comenzaron a utilizar protocolos de salud pública -el llamado Título 42- para expulsar a migrantes. En lo que va de año el gobierno estadounidense ha hecho más de 674.000 devoluciones.

VUELOS AL SUR

En agosto Estados Unidos comenzó a devolver a migrantes no mexicanos expulsados bajo el Titulo 42 en aviones que aterrizan en el sur de México para dificultar que intenten volver a cruzar. México también está trasladando a extranjeros devueltos en su frontera norte vía aérea hacia el sur, confirmó Dana Graber Ladek, jefa de misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en México.

Una vez en el sur los migrantes -de distintas nacionalidades- son llevados por las autoridades mexicanas hasta la frontera con Guatemala y abandonados ahí, a veces en plena selva, aunque no sean guatemaltecos.

Para Alejandra Macías, de la organización no gubernamental Asylum Access México, se trata de traslados “ilegales” porque “no se detectan personas en riesgo”.

Estas acciones representan una de las mayores preocupaciones humanitarias por su falta de transparencia y porque dejan en total vulnerabilidad a familias completas con niños que son abandonados “a veces en la noche, a veces sin saber exactamente qué están haciendo ni dónde están”, dijo Graber Ladek.

El gobierno mexicano actuó de forma similar con migrantes devueltos por la administración de Trump y varias organizaciones civiles denunciaron que algunos de los detenidos ahora también fueron abandonados en puntos fronterizos remotos.

¿QUÉ ESTÁ HACIENDO EL GOBIERNO MEXICANO?

López Obrador colaboró con todas las políticas anti-inmigrantes de Trump. Con Biden ha mantenido las mismas medidas de contención y ha reconocido que sigue dispuesto a ayudar a Estados Unidos.

Recientemente el secretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval, aseguró que el objetivo “principal” del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional es “detener toda la migración” y “cubrir la frontera norte, la frontera sur con efectivos”.

Aunque el jueves el mandatario reconoció su frustración ante las medidas de contención y dijo que enviaría una carta a su homólogo estadounidense para insistir en la necesidad de invertir en desarrollo y atajar de raíz las causas de la migración, continuaron los operativos y la críticas al INM, denunciado en muchas ocasiones por supuesta corrupción y abusos.

Por otra parte, el gobierno prometió miles de visas de trabajo para migrantes -que este año se redujeron sustancialmente- y abrió las puertas a los solicitantes de asilo. Pero el presupuesto reforzado ha sido el de los militares mientras que el de la COMAR se redujo.

“Estamos rebasados por una avalancha absolutamente fuera de lo común sobre todo de haitianos” que ha puesto en jaque la capacidad de gestión de la Comisión, dijo Andrés Ramírez Silva, su titular.

Muchas organizaciones civiles consideran que ha habido una mala gestión de los recursos y una falta de coordinación entre el sector del Ejecutivo que apuesta por la contención y el que prioriza los derechos humanos. La Iglesia católica, que coordina la mayor red de albergues para migrantes, denunció la falta de una política migratoria clara y estratégica.

¿QUÉ SOLUCIONES EXISTEN?

El INM ha propuesto crear un albergue para acoger a los haitianos pero varias organizaciones de la sociedad civil adelantaron que no resolverá los problemas.

Para descongestionar la situación burocrática y humanitaria de Tapachula, el titular de la COMAR apuesta por alternativas migratorias para los haitianos -la segunda comunidad más numerosa de solicitantes de asilo tras los hondureños- que les permitan moverse y trabajar porque aunque no califican como refugiados sí necesitan protección y no pueden ser devueltos a un país por la critica situación política y humanitaria.

El problema, añadió, es que no todos en el gobierno apoyan esta salida.

Las agencias de la ONU apuestan por alternativas no limitadas a una sola nacionalidad y que conlleven, por ejemplo, permisos de trabajo para cubrir la demanda de mano de obra que hay en algunos puntos del país.

No obstante, Giovanni Lepri, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), subrayó que para que cualquier propuesta sea eficaz debe estar coordinada con los países de la región que deben asumir responsabilidades compartidas. “Estamos en una situación de alerta y de potencial crisis,si no se responde de manera estructural y de manera rápida”, advirtió, “porque todos los elementos que tenemos nos dicen que los números van a crecer”.